La ingeniería de tránsito y carreteras es una rama de la Ingeniería del Transporte, en la que se estudian las técnicas para operar y mantener los sistemas de transporte de forma segura y económica, planificándolos, diseñándolos, construyéndolos, operándolos y conservándolos.

Uno de los cinco componentes principales de la modalidad de transporte por carretera es el conductor, los otros cuatro son el peatón, el vehículo, el camino y la bicicleta. Los ingenieros del transporte y de tránsito, consideran estos cinco componentes muy determinantes para el diseño de las carreteras.

En cuanto al conductor, deben analizar sus habilidades y su capacidad de percepción en las carreteras. Por habilidades se refieren a las capacidades del conductor para ver, oir, evaluar y reaccionar a la información, mismas que varían en condiciones como el cansancio, la hora del día, o bajo la influencia del alcohol o las drogas. La evaluación y reacción del conductor a la información que recibe en las carreteras es visual y cambia constantemente, siendo imperativo para los ingenieros de tránsito y carreteras, tener conocimientos específicos respecto a la percepción visual del conductor, cuyas características son: la agudeza visual y la percepción auditiva.

El proceso por el cual un conductor, ciclista o peatón reacciona y responde a un estímulo se divide en 4 subprocesos: percepción, identificación, emociones y reacción o resolución. El tiempo que transcurre desde la percepción hasta la reacción, es llamado tiempo PIEV o de percepción-reacción.

El tiempo del PIEV es un factor importante para una reacción rápida, por ejemplo, de la distancia de frenado, determinando así la distancia visual mínima a la que se debe localizar una señalización determinada, la reacción o tiempo de respuesta varía de 1.26 a 3 segundos, lo que nos demuestra la importancia de la ingeniería del transporte, la cual se torna cada vez más necesaria e importante para el diseño de carreteras más seguras.

Los límites de velocidad son generalmente determinados por los gobiernos de los países pero, ¿en qué se basan dichos parámetros?

Las velocidades seguras de desplazamiento dependen tanto del tipo de infraestructura vial y del tipo de tráfico que exista en esa área. Los límites que fluctúan entre los 30 y 40 kilómetros por hora, son fijados en ubicaciones donde podría darse un conflicto entre automóviles, peatones y/o ciclistas. Entre los 50 y 60 kilómetros por hora se fija en intersecciones donde pueden presentarse accidentes laterales entre automóviles. Para carreteras donde pudiera darse un impacto frontal entre automóviles, que son por lo general de dos vías, el límite de velocidad es de 70 a 80 kilómetros por hora. Aquellas carreteras donde la posibilidad de impacto frontal o lateral es muy remoto, no suelen fijarse límites, o estos fluctúan entre los 100 y 120 kilómetros por hora, en tal caso solamente podría darse un impacto contra la infraestructura vial.

La velocidad y el descuido son las principales causas de los accidentes, es por ello que existen límites que deben respetarse, sin embargo, esto no se da en la práctica. La única forma de lograr que las leyes se cumplan y se respeten los límites de velocidad es mediante una educación integral y completa por parte de las escuelas de manejo, por parte de los gobiernos a través de campañas de seguridad vial, y la tarea de los padres es educar a los hijos con el ejemplo, evitar violar las leyes de tránsito.

América Latina aún tiene un gran camino por recorrer y muchos errores que subsanar, es una pena que la Comunidad Europea, que es de relativa «reciente creación», cuente con una página específica denominada «Seguridad Vial para la Comunidad Europea« (European Comission Road Safety en inglés), en la que existen infinidad de recursos, estadísticas, estudios y consejos con respecto a la Seguridad Vial, y en América Latina, hasta apenas 2004 pudieron realizarse estadísticas completas sobre diversos índices relativos al tema, y que en esa misma fecha la ONU haya instado a las naciones latinas a reformar sus leyes y procurar la seguridad vial.

En México cada 30 minutos muere una persona a causa de un accidente de tránsito, convirtiéndose en la cuarta causa de muerte en este país, el tercer motivo de decesos entre la población varonil y el quinto entre la población femenil. En cuanto a los niños, representa la primer causa de muerte de aquellos cuyas edades fluctúan de 1 a 4 años de edad, y en jóvenes de 15 a 29 años.

Causas y  autoescuelas

Estas estadísticas hacen pensar al lector en cuáles serán los motivos o el trasfondo de las causas de los accidentes de tránsito, siendo importante destacar que desafortunadamente, las autoridades tanto locales como federales, no han implementado leyes más estrictas con respecto a los cursos de manejo, pues gran parte de los conductores han aprendido a manejar a través de sus padres o alguna otra persona que no cuenta con los conocimientos específicos para educar dentro de lo que son los parámetros mínimos de la seguridad vial, y aprendiendo con ello los mismos vicios de quien enseña.

Tampoco se ha puesto interés en la calidad de los cursos de algunas escuelas de manejo, tal es el caso de aquellos cursos intensivos de 10 horas, en los que no es posible abarcar la totalidad de los conocimientos básicos que debe aprender un conductor responsable.

Falta de cultura sobre seguridad vial

Por otro lado se encuentra el factor cultural. En México existe una cultura de la irresponsabilidad no conciente. Quizás cuestiones como dejar las cosas para mañana o promover la corrupción entre agentes de policía y conductores irresponsables, sean simplemente conductas para aligerar las arduas tareas cotidianas, pero forman parte de un problema aún más serio, como lo es la falta de reconocimiento de la responsabilidad personal en un accidente de tránsito, no afrontar la culpabilidad y buscar siempre pretextos para no reconocer los grados de responsabilidad que le corresponden a cada individuo de la sociedad.

Cuestiones más comunes como la fatiga, el estrés, la impuntualidad, el consumo de alcohol y drogas, son factores que facilitan los accidentes, los que en muchos casos pueden ser previsibles y más aún evitables.

Vale la pena hacer un análisis y tomar en cuenta que la seguridad vial es cosa de todos.

Muchas escuelas de manejo, especialmente en América Latina, ofrecen cursos de 10 horas o menos, adaptándose a las necesidades de los clientes que cuentan con poco tiempo para aprender a conducir. En esas pocas, pretenden enseñar cuestiones tan importantes como elementos de seguridad vial, operación y revisión básica del vehículo, vías y caminos, en algunos otros casos manejo defensivo, primeros auxilios, mecánica básica, reglamentos de tránsito; es decir, cuestiones no tan básicas que tal vez requerirían mayor tiempo.

Desgraciadamente esto es un asunto de competencia entre empresas, y existiendo gran demanda por parte del público no hay mucho que se pueda hacer para lograr que estos cursos pudieran ser más completos. Realmente, en 10 horas de clase con o sin horas de práctica, no es posible aprender a conducir de una manera responsable, sobretodo cuando se compara esto con aquellos cursos que se imparte en países como Estados Unidos de Norteamérica o Alemania, donde la autoridad delega a las escuelas de manejo la «responsabilidad» de generar conductores responsables, es la autoridad también quien se encarga de evaluar, mediante un examen demasiado estricto pero apegado a los principios básicos de la seguridad vial. En tal caso, si el conductor aprendiz no pasa la prueba, tiene que estudiar nuevamente un curso de uno o dos años para nuevamente ser evaluado.

La seguridad vial no debería ser un curso express que se aprende en 10 horas, sino que debería ser un compromiso entre escuelas de manejo y autoridades, con el fin de salvaguardar la seguridad de todos. Pocas son las personas que conocen los reglamentos de tránsito de su ciudad, y si en el mejor de los casos si sus padres no les enseñan a manejar y toman un curso, no conocerán el reglamento a fondo. No resultará tan extraño entonces que los índices de mortalidad por accidentes de tráfico en America Latina, se hayan elevado tanto en los últimos 10 años, y tampoco resultará extraño que la ONU muestre especial interés en que la región, tome conciencia de la seguridad vial mediante diversas campañas y programas.

Los Tiempos de la Justicia

Nadie quiere transformarse en una víctima de accidente de tránsito siendo pasivo en la situación. Pero en el caso de sufrir daños de manos de un desprevenido u ofensivo conductor, lo ideal sería implorar que no se produzca en El Salvador. No es una cuestión de índole personal, sino que se remonta a algo fundamentalmente institucional. Es increíble que, a mediados del año 2011, el seguro contra terceros en accidentes de tránsito no sea de carácter obligatorio en ese país.

Lo cierto es que la medida ya fue aprobada en octubre de 1996, año en el que se aprobó la actual Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Lo concreto es que al día de hoy, quince años después, la misma sufrió una nueva postergación para entrar en vigencia, la décima de manera consecutiva. Estimativamente, se cree que la ley entrará en vigencia a partir del 30 de junio del próximo año; teniendo en cuenta que tanto las revisiones técnicas como el cambio de matrículas, concluirán en mayo de 2012.
Postura de las Aseguradoras

Por su parte, la A.S.E.S (Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguro) vió con buenos ojos la falta de ejecución confirmada la pasada semana, manifestando que aún no estaban dadas las condiciones para llevar adelante la concesión de las nuevas modificaciones.

Cabe destacar que a lo largo de toda América Latina, El Salvador, Haití y Honduras son los únicos países que no han experimentado este tipo de seguro. Igualmente, es importante aclarar que en todos los países de aplicación, los seguros se extienden a través de empresas de índole privada, salvo una fallida incursión del gobierno mexicano a principios de la década del 90.

La posible indemnización a víctimas por accidentes de tránsito es por el momento inexistente en El Salvador y es incuestionable la necesidad de implementar un sistema que beneficie a los damnificados.