Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina es el continente que tiene el índice más alto de mortalidad por accidentes de tránsito.
En la actualidad hay 26 muertos cada 100 mil habitantes y la OMS estima que para el 2020 esta cifra aumentará a 30 fallecidos cada 100 mil habitantes. 
Medidas a tomar
Por este motivo y teniendo en cuenta la urgencia por solucionar este problema, Oscar Arias será el presidente del Comité Transitorio para la Seguridad Vial en América Latina cuyo objetivo fundamental será conformar legalmente el Comité de Seguridad Vial para América Latina y el Caribe, con el fin de promover la colaboración, para mejorar la seguridad vial, entre los gobiernos, los civiles y los sectores privados.
Proyecciones a futuro
Se espera que este Comité Transitorio se transforme en el Comité Regional para la Seguridad Vial de América Latina y el Caribe. Para esto ya se está trabajando en un enfoque que coordina los sectores asociados al gobierno (transporte, poder judicial, educación, finanzas y planificación urbana, a la sociedad civil (sector académico, fundaciones, clubes de automovilismo, autoesceulas y organizaciones profesionales) y al sector privado (construcción y mantenimiento de carreteras, automotoras, autoescuelas y compañías de seguro).
Metas y objetivos
– Representación de todos los sectores importantes vinculados a la seguridad vial
-Incentivar y promover a una mirada regional sobre los accidentes de tránsito
-Trabajar en el fortalecimiento de información y estadísticas
-Promover la armonía entre la normativa vehicular urbana y la normativa vehicular para el tránsito en las carreteras.
– Trabajar en el intercambio de conocimiento y mejorar las prácticas e instrucción de los conductores.
La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, se encarga de revisar constantemente las legislaciones de los distintos países de América Latina, sugiriendo estándares mínimos que ofrezcan seguridad vial a los habitantes de dichos países.
Una de las cuestiones que más atención ha recibido de dicho Organismo Internacional, es el seguro de responsabilidad civil. Considerado como la solución más común a la que recurren diversos ordenamientos jurídicos en América Latina, es el medio óptimo para delimitar responsabilidades, ya que se cubren los gastos funerarios, médicos e incluso costos materiales que puedan sufrir las víctimas de un siniestro. Desafortunadamente, un gran número de vehículos no son asegurados y en algunas ocasiones, las empresas que cuentan con una concesión para transporte público, tienen pólizas vencidas o no ofrecen dicho seguro a sus pasajeros.
El problema es que en América Latina, las condiciones económicas en muchos casos no permiten que los conductores o las empresas, adquieran dicho seguro, y en el resto de los casos es simplemente irresponsabilidad. Si bien es cierto que este seguro es solamente obligatorio para aquellas personas físicas o morales que cuentan con una concesión de transporte público, su objetivo es procurar la seguridad de las víctimas en caso de que se produzcan lesiones o daños, siendo muy útil para el resto de la población que cuenta con un automóvil. La Organización Panamericana de la Salud señala que Haití, Honduras, Cuba, Uruguay y Paraguay, no cuentan con legislación alguna referente al seguro de responsabilidad civil, dejando en total indefensión a las víctimas de accidentes viales. En el resto de los países de América Latina, aún con ciertas variaciones en cuanto a los alcances de las coberturas de el referido seguro, existe legislación al respecto, aunque en países como Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, el supuesto jurídico no se encuentra vigente.
En el marco de la actualización de los programas de seguridad vial, que datan de 2004, la Organización de las Naciones Unidas resaltó algunas cuestiones importantes a ser implementadas por los gobiernos locales y nacionales, por la sociedad civil y las empresas privadas relacionadas con el tema, sugiriendo a los países que a nivel nacional, fueran realizados cinco programas de acción o actividades referentes a: la Gestión de Seguridad Vial, Vías de Tránsito y Movilidad más seguras, Vehículos más seguros, Usuarios de Vías de Tránsito más seguros y Respuesta tras los Accidentes.
Los planes más eficaces deben procurar la creación de programas, estrategias y mecanismos que incentiven la Seguridad Vial, beneficiando a los usuarios de las vías de tránsito aumentando la seguridad y la calidad de las redes carreteras, revisando constantemente la infraestructura vial, mejorando la planificación, construcción y funcionamiento de las carreteras. Elaborar programas para educar y sensibilizar a los usuarios de las vías de tránsito con respecto al uso del cinturón de seguridad y del casco, promover la no ingesta de alcohol entre los conductores de automotores y el respeto a los límites de velocidad. Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en los accidentes de tránsito así como los sistemas de salud pública, y brindar tratamiento adecuado de emergencia y rehabilitación a las víctimas de un siniestro, así también, capacitar oportunamente a los elementos de policía y tránsito.
Es también a través de los organismos no gubernamentales, que debe hacerse conciencia en la sociedad. En países como México y Argentina, a mediados de mayo del presente año, los gobiernos federales comenzaron las primeras campañas de seguridad vial, basándose en las sugerencias emitidas en el Decenio de Acción de 2010-2020, siendo importante que en los demás países de América latina se revise cuanto antes la legislación, y se cumplan con las medidas de seguridad vial discutidas por la Organización de las Naciones Unidas en el referido documento.
