La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, se encarga de revisar constantemente las legislaciones de los distintos países de América Latina, sugiriendo estándares mínimos que ofrezcan seguridad vial a los habitantes de dichos países.
Una de las cuestiones que más atención ha recibido de dicho Organismo Internacional, es el seguro de responsabilidad civil. Considerado como la solución más común a la que recurren diversos ordenamientos jurídicos en América Latina, es el medio óptimo para delimitar responsabilidades, ya que se cubren los gastos funerarios, médicos e incluso costos materiales que puedan sufrir las víctimas de un siniestro. Desafortunadamente, un gran número de vehículos no son asegurados y en algunas ocasiones, las empresas que cuentan con una concesión para transporte público, tienen pólizas vencidas o no ofrecen dicho seguro a sus pasajeros.
El problema es que en América Latina, las condiciones económicas en muchos casos no permiten que los conductores o las empresas, adquieran dicho seguro, y en el resto de los casos es simplemente irresponsabilidad. Si bien es cierto que este seguro es solamente obligatorio para aquellas personas físicas o morales que cuentan con una concesión de transporte público, su objetivo es procurar la seguridad de las víctimas en caso de que se produzcan lesiones o daños, siendo muy útil para el resto de la población que cuenta con un automóvil. La Organización Panamericana de la Salud señala que Haití, Honduras, Cuba, Uruguay y Paraguay, no cuentan con legislación alguna referente al seguro de responsabilidad civil, dejando en total indefensión a las víctimas de accidentes viales. En el resto de los países de América Latina, aún con ciertas variaciones en cuanto a los alcances de las coberturas de el referido seguro, existe legislación al respecto, aunque en países como Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, el supuesto jurídico no se encuentra vigente.
