Es tiempo de ampliar la gama de programas de autoescuela en el mercado contemporáneo. Por un lado, para cubrir distintas necesidades que antes no estaban del todo claras y, por otro, para impulsar la motivación desde la que damos vida a nuestras autoescuelas.
En Costa Rica, la visión general que se tiene de los accidentes viales, es similar a la que tienen el resto de los países Latinoamericanos y del Caribe, en los cuales, se ha determinado que los accidentes viales, son causados por errores humanos y la consigna es establecer la forma de prevenirlos.
En Costa Rica, la flota vehicular se incrementó desde 1950 y hasta la actualidad sigue creciendo, por lo que el ministerio de obras públicas y transportes tiene que actualizarse. El programa de seguridad vial tiene como objetivos planear, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar, todas las actividades que se desarrollan en los centros de educación vial, para todas las modalidades del transporte en coordinación con los ministerios de gobierno correspondientes.
Otra de las tareas, que compete al área de seguridad vial es adiestrar a los conductores de vehículos y operadores de medios de transporte terrestre. Así, como a otros cuerpos especiales, como los bomberos, cruz roja y maestros, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la enseñanza de la educación vial.
La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, se encarga de revisar constantemente las legislaciones de los distintos países de América Latina, sugiriendo estándares mínimos que ofrezcan seguridad vial a los habitantes de dichos países.
Una de las cuestiones que más atención ha recibido de dicho Organismo Internacional, es el seguro de responsabilidad civil. Considerado como la solución más común a la que recurren diversos ordenamientos jurídicos en América Latina, es el medio óptimo para delimitar responsabilidades, ya que se cubren los gastos funerarios, médicos e incluso costos materiales que puedan sufrir las víctimas de un siniestro. Desafortunadamente, un gran número de vehículos no son asegurados y en algunas ocasiones, las empresas que cuentan con una concesión para transporte público, tienen pólizas vencidas o no ofrecen dicho seguro a sus pasajeros.
El problema es que en América Latina, las condiciones económicas en muchos casos no permiten que los conductores o las empresas, adquieran dicho seguro, y en el resto de los casos es simplemente irresponsabilidad. Si bien es cierto que este seguro es solamente obligatorio para aquellas personas físicas o morales que cuentan con una concesión de transporte público, su objetivo es procurar la seguridad de las víctimas en caso de que se produzcan lesiones o daños, siendo muy útil para el resto de la población que cuenta con un automóvil. La Organización Panamericana de la Salud señala que Haití, Honduras, Cuba, Uruguay y Paraguay, no cuentan con legislación alguna referente al seguro de responsabilidad civil, dejando en total indefensión a las víctimas de accidentes viales. En el resto de los países de América Latina, aún con ciertas variaciones en cuanto a los alcances de las coberturas de el referido seguro, existe legislación al respecto, aunque en países como Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, el supuesto jurídico no se encuentra vigente.
