Diferentes, sorpresivas, poco señalizadas, sin el pavimento correspondiente y con grandes baches sin señalizar. Así suelen ser las carreteras de Costa Rica. Sus características geográficas presentan grandes relieves que concluyen en importantes subidas y bajadas y pronunciadas curvas que demoran el tránsito y constantemente atentan contra la seguridad vial.

Es por eso que las condiciones de manejo en Costa  Rica son realmente pobres; algo totalmente contrario a las multas, que sufrieron un nuevo aumento en este año 2011.

La nueva ola de aumentos de los montos de las multas a pagar parece ser una constante en toda América; la que pertenece a un mundo donde todo aumenta y todavía se están viviendo las secuelas de la crisis económica mundial.

Nueva Ley de Tránsito

Con la nueva Ley de Tránsito, los montos a abonar por falencias en el manejo se fueron por las nubes. Es por eso que también el M.O.P.T. (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) recomienda denunciar a oficiales de tránsito que quieran cobrar un incentivo económico a cambio de las elevadas y significativas sumas que reflejan las infracciones.

El requisito fundamental que debe presentarse como prueba para realizar una denuncia es el apellido o el respectivo código del oficial. El código debe, por ley, estar siempre registrado en la camisa del oficial de tránsito.

Conducir en Costa Rica

Por otro lado, existen en este país medidas ejemplificadoras que son dignas de imitar en otros países. Por ejemplo, conducir ebrio por encima de 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre, circular a más de 150 km. por hora o participar en picadas de velocidad puede finalizar en una pena de cárcel de entre 1 y 3 años, retiro del vehículo y suspensión de la licencia durante 2 años.

Vale la pena aclarar que en zonas urbanas la velocidad máxima es de 40 km. por hora, en zonas residenciales el límite es de 60 y en calles cercanas a escuelas está permitido un tope máximo de 25 km. por hora.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), recientemente  dejó en claro que el problema de los accidentes de tránsito en América Latina y el Caribe debe atenderse con carácter de prioritario ya que no han habido avances significativos en los últimos diez años. En general,  son pocos los países que han mostrado avances en esta materia. Y de acuerdo a las estadísticas más de un millón de personas mueren al año en todo el mundo, pero en América Latina esta  cifra es  el doble, así que estamos frente a una situación de alta gravedad.

Sólo por citar algunos ejemplos: en Uruguay la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes es de 4.3 y en México la cifra se dispara a 20 por cada 100,000. Del lado opuesto, en Estados Unidos y su vecino Canadá las muertes en accidentes de tránsito han venido a menos en el mismo lapso de tiempo, prueba de que allá se han puesto a trabajar en serio.

¿Motivos del incremento de los accidentes?

Varios, entre los que podemos citar: normas básicas de seguridad como el uso de cinturones de seguridad, casco, nula cultura vial, imprudencia de conductores y peatones, divergencias en la legislación vigente, sin olvidar la falta de planeación de las autoridades en las áreas de transporte o tránsito.

Según las OPS, se podrían solucionar muchos de estos problemas adoptando leyes integrales y más eficientes donde se contemplen penas más severas a las personas imprudentes que conduzcan en estado alcoholizado por ejemplo.

También sería interesante y muy útil que cada gobierno realice campañas constantes de concientización sobre seguridad vial.

Finalmente y en palabras de la OPS sería muy recomendable que cada país contara con un sistema más eficiente de recopilación de datos sobre accidentes de tránsito. Esto sería especialmente útil para poder evaluar en qué rubros se tiene que trabajar más. Desafortunadamente  es una tarea titánica porque muchos países carecen de información detallada sobre accidentes de tránsito.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de doscientas mil personas mueren al año en América Latina en hechos relacionados con accidentes de tránsito, lo que significa una cifra mayor que las víctimas de la gripe aviar o la influenza.

Por este motivo dicho organismo declaró que de 2011 a 2020 será el decenio de la seguridad vial. Esto representa un verdadero reto para la región porque deben comprometerse a trabajar de manera más firme en programas que planifiquen, sensibilicen y generen una cultura de seguridad vial en las personas.

Es un trabajo muy difícil de cumplir porque la mayoría de las personas son muy poco sensibles a comprender los problemas reales que se generan cuando se maneja en estado de ebriedad o cuando no se respeta un semáforo o incluso cuando un peatón cruza de forma deliberada sin fijarse en el color de las luces. Hacen falta valores y lo peor es que en países como México se tiene la costumbre cada vez más generalizada de que es más económico rematar a una persona cuando se le ha atropellado a tratar de salvarle la vida ya que esto implicaría gastos de manutención y  hospitalización por el resto de su vida y muchos conductores se regresan a rematar a los caídos.

Otro factor importante es la insensibilidad de las personas ya que al ver tantos accidentes a diario lo toman como algo normal de vivir en una ciudad tan poblada y después de la impresión inicial se olvidan del accidente y regresan a su vida rutinaria.

Los gobiernos de la región tienen una dura tarea porque deben invertir en rubros como la planificación de cada urbe y campañas de sensibilización constantes en la población. Esto es muy difícil de lograr ya que, entre otras cosas en la actualidad se le da toda la prioridad a los automovilistas dejando en los últimos rubros del presupuesto detalles tan importantes como la compra suficiente de señalamientos o puentes peatonales, por citar dos ejemplos.

Finalmente, según datos de la OMS, si los gobiernos no toman medidas eficientes sobre estos temas, para el año 2020 aproximadamente más de un millón de personas habrán perecido en los últimos 10 años. Actualmente cada hora fallecen en América Latina 14 personas víctimas de algún percance de tránsito. Y esto se vuelve más terrible si consideramos que los accidentes vehiculares pueden evitarse en un porcentaje del 90% si se toman las medidas pertinentes.

Recordemos además que después de un percance muchas personas pueden quedar mal de alguna parte de sus cuerpos convirtiéndose en una carga ya sea para el estado o para sus familiares que no pueden desampararlos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires (Argentina), teniendo en cuenta los alarmantes índices de siniestralidad vial tanto en la provincia como en el país, creó  la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial que se encuentra regulado por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministerios.

            Este departamento tiene la misión de programar y coordinar la ejecución de la política de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y de articular la relación con los organismos competentes en la materia tanto a nivel provincial, municipal, nacional e internacional.

            Esta Dirección, propuso los siguientes ejes de acción: educación, concientización, control y sanción. A través de ellos, busca producir un cambio cultural en la sociedad con respecto a lo que a seguridad vial concierne.

            Como para la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, la educación vial constituye un proceso de sociabilización importante en la búsqueda de un cambio cultural en el tema, ésta promueve acciones coordinadas con diferentes instituciones para capacitar a autoridades de aplicación, agentes municipales de tránsito, docentes y alumnos.

            Así mismo, realiza actividades de concientización y jornadas de reflexión buscando que los participantes asuman el rol que a cada uno le incumbe como partícipe en los hechos de tránsito y, generen una autocrítica sobre las actitudes negligentes en la vía pública.

            Por otra parte, establece controles para fiscalizar el uso de los cinturones de seguridad, el respeto de las velocidades mínimas y máximas y el uso del casco en motovehículos; ya que considera al control como un elemento clave para la disuasión de conductas y para la generación de un efecto a corto plazo.          

            El empleo del control trae aparejado sanciones, por lo tanto, cuando no se cumplen las normas que rigen para una circulación segura en la vía pública esta Dirección hace uso de las acciones punitivas necesarias.

En el año 2008, la Asamblea Nacional de Ecuador, aprobó en Montecristi una nueva Ley de Tránsito que contó con 240 artículos con varios literales; se constituyó de tres capítulos (402 páginas de un libro de mano); 25 disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Esta nueva Ley de Tránsito, debió ser aprendida y conocida por los ciudadanos de dicho país. En el mes de marzo de 2011, se reformó dicha ley (la del 2008) modificándose 122 artículos; sustituyéndose completamente el articulado, o reemplazando palabras y frases; aumentando los literales y modificando las disposiciones transitorias.

Así, las Reformas de la nueva Ley de Tránsito contemplaron el endurecimiento en las infracciones; la creación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) que se encarga de fijar las tarifas de transporte público, otorga y renueva las licencias y expide reglamentos para viabilizar la ley y; el remplazo de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), con sede en Guayaquil, que dirige y controla el tránsito y servicios de transporte.

A raíz de estas modificaciones, un diario del Ecuador realizó una encuesta a 160 conductores entre los que constaron chóferes profesionales, motociclistas, tricimotociclistas, conductores no profesionales, especiales y de maquinaria pesada. Las edades de estos encuestados oscilaron entre los 20 y 69 años y de sus respuestas se pudo constatar que sólo el 30% de los encuestados conocía parte de la normativa, es decir que, siete de cada diez conductores entrevistados no conocían la ley, sus reformas ni sus normativas anteriores.

Según las razones adjudicadas por los mismos interrogados, falta difusión, cultura y autoeducación de la Ley y sus reformas.

Por otra parte, el 61,25% de los conductores suponen que no se aplicará ni se sancionará la Ley de Tránsito, dato clave para comprender el desconocimiento y la poca interiorización en el tema.