A partir de marzo de 2015  en Guadalajara se comenzará a operar el cobro de 52 pesos  para adquirir un holograma vehicular que acredite que el vehículo cuenta con seguro de daños a terceros y está cumpliendo con el Reglamento de Movilidad. Así lo confirmó Ana Laura Chávez, directora general de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad.
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Con la nueva reforma de ley en México, que obliga a todos los automóviles que circulen por carretas federales a contar con una póliza de seguro obligatorio, el número de vehículos asegurados se incrementaría del 27 por ciento al 50 por ciento de todo el parque vehicular del país.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en México ha mostrado una simulación donde muestra que se puede llegar la meta del 50 por ciento de automóviles asegurados en tan solo un año.

En México estén 27.8 millones de automóviles componen todo el parque vehicular, de los cuales actualmente 3 de cada 10 automóviles cuenta con un tipo de seguro. Esto según datos revelados por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Seguro obligatorio un avance en seguridad vial

La disposición de ley fue aprobada el pasado mes de marzo de 2013 por el Congreso de la Unión y obliga a los automóviles que circulen pro carreras federales que cuenten con una póliza de seguro contra accidentes, cabe destacar que la disposición no especifica el tipo de seguro, por lo que cual el automovilistas puede contratar la póliza que más se adapte a su presupuesto.

Los automovilistas que no cuenten con esta póliza de seguro serán multados con un rango de entre 20 y 40 días de salarios mínimos, lo que es equivalente a un total de 1295 y 2590 pesos. Por lo que lo mejor es contar con una póliza de seguro si circula por las carreteas federales.

Las pólizas de seguro no representan un gasto excesivo ya que rondan los 900 hasta os 1350 pesos y su el vehículo ya cuenta con alguna protección previa, ya n oes necesario otra póliza de seguro.

Los vehículos que circulen por carreteras que son operadas por de Caminos y Puentes Federales, contaran con un seguro de responsabilidad civil al pagar la cuota de peaje.

De los 30 millones de vehículos que circulan a diario por las calles y carreteras de todo México, entre el 55 y el 60 por ciento lo hacen sin haber contratado un seguro de accidentes viales, según el Centro de Experimentación  y Seguridad Vial de México (Cesvi), ya que este es uno de los pocos países que no contemplan el seguro obligatorio.

Esto representa un grave riesgo para la seguridad vial del país, dados los altos índices de accidentalidad en ciudades y carreteras mexicanas. Según un comunicado de la institución, el sector de las aseguradoras de vehículos en este país, paga alrededor de 35 mil millones de pesos al año por siniestros de automóviles.

Sin seguro obligatorio

Con estas condiciones, son numerosos los sectores que abogan por poner en funcionamiento una nueva normativa, o modificar la existente, para que el seguro sea obligatorio al comprar el vehículo. Actualmente el seguro no es condición para la adquisición del vehículo, y por tanto, no está legislada y regulada la responsabilidad civil el cuestión de accidentes de tránsito, según explica CESVI.

La adquisisción de un seguro a terceros, es decir, aquel que cubre la responsabilidad del conductor ante otros impliciados, no es demasiado costosa en México, contrario a lo que se piensa, pues puede comprarse un seguro de vehículo desde 100 pesos mensuales, algo que garantiza la protección de los conductores ante posibles eventos. Los expertos abogan por incluir el Seguro Obligatorio entre las estrategias que el país debe implementar para cumplir con las metas del Decenio de la Seguridad Vial, que establecen la reducción del número de muertes por esta causa en un 50 por ciento.

Grandes costos de los accidentes

Anualmente se producen en México más de cuatro millones de accidentes de tráfico que son los causantes de más de 24 mil muertes y 250 mil hospitalizaciones al año. Esta gran cantidad de personas lesionadas genera enormes pérdidas al año en materia de salud, infraestructura y seguros. En total, se calcula que los cosotos económicos de los accidentes suponen alrededor de un  4 por ciento del Producto Interno Bruto del país de forma anual.

La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, se encarga de revisar constantemente las legislaciones de los distintos países de América Latina, sugiriendo estándares mínimos que ofrezcan seguridad vial a los habitantes de dichos países.

Una de las cuestiones que más atención ha recibido de dicho Organismo Internacional, es el seguro de responsabilidad civil. Considerado como la solución más común a la que recurren diversos ordenamientos jurídicos en América Latina, es el medio óptimo para delimitar responsabilidades, ya que se cubren los gastos funerarios, médicos e incluso costos materiales que puedan sufrir las víctimas de un siniestro. Desafortunadamente, un gran número de vehículos no son asegurados y en algunas ocasiones, las empresas que cuentan con una concesión para transporte público, tienen pólizas vencidas o no ofrecen dicho seguro a sus pasajeros.

El problema es que en América Latina, las condiciones económicas en muchos casos no permiten que los conductores o las empresas, adquieran dicho seguro, y en el resto de los casos es simplemente irresponsabilidad. Si bien es cierto que este seguro es solamente obligatorio para aquellas personas físicas o morales que cuentan con una concesión de transporte público, su objetivo es procurar la seguridad de las víctimas en caso de que se produzcan lesiones o daños, siendo muy útil para el resto de la población que cuenta con un automóvil. La Organización Panamericana de la Salud señala que Haití, Honduras, Cuba, Uruguay y Paraguay, no cuentan con legislación alguna referente al seguro de responsabilidad civil, dejando en total indefensión a las víctimas de accidentes viales. En el resto de los países de América Latina, aún con ciertas variaciones en cuanto a los alcances de las coberturas de el referido seguro, existe legislación al respecto, aunque en países como Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela, el supuesto jurídico no se encuentra vigente.