Según un informe realizado por la Fundación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la segunda causa de mortalidad entre niños de 5 a 14 años es provocada por los accidentes de tránsito. Incluso, esta causa se cobra más vidas infantiles que la malaria, la tuberculosis, la diarrea y el VIH/SIDA. Se calcula que para el año 2015, las coaliciones en las vías serán la principal causa de muerte entre niños de esta franja de edad.

Por esta razón, la Fundación FIA estableció -en el marco de la cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio que se celebró en la ciudad de Nueva York- el problema de la seguridad vial como un importante problema de desarrollo.

Kevin Watkins, profesor de la Universidad de Oxford, por su parte explica que la inseguridad vial afecta negativamente a los objetivos de reducción de la pobreza y acceso a la educación. Según el informe de este experto, donde hay que enfocar la mirada es en los países en desarrollo, ya que es en estos donde se registran más del 85% de las muertes por accidentes de tránsito. Para que resulte más gráfico, por día pierden la vida en las carreteras de todo el mundo 3.500 personas; de estas, 3.000 viven en los países más pobres.

Las víctimas más afectadas, por muertes o lesiones, son así mismo las más vulnerables: peatones, ciclistas o pasajeros de vehículos de dos ruedas. Cada año en los países en vías de desarrollo, mueren 133.000 niños en edad escolar, y el costo para estos países por accidentes viales es más de US$100.000.

Para Watkins, lo que hay que lograr para que la situación cambie es voluntad política, visión estratégica y empatía con los usuarios más vulnerables, ya que la construcción de carreteras con cruces seguros para los peatones, la regulación adecuada de los servicios de transporte público y la garantía al respeto de los límites de velocidad no requieren de grandes inversiones.

 Según un informe presentado en la ciudad de la Paz, Bolivia, por la Fundación Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por año mueren en ese país mil personas, cuarenta mil resultan heridas y de estas, cinco mil quedan parapléjicas a causa de accidentes de tránsito. La mayoría de las victimas se encuentran comprendidas entre los quince y los treinta y cinco años.

            Por otra parte, el informe de la FIA que se enmarca en su campaña “Carreteras Seguras”, remarcó que los accidentes de tránsito le cuestan al país el 3% del PBI (Producto Bruto Interno), lo cual representa US$ 516 millones.

Carlos Macaya, presidente de la entidad, por su parte explicó que los índices de siniestralidad son muchos más altos que en países como Perú y Argentina; e indicó que los factores principales de los accidentes de tránsito son la mala infraestructura de las carreteras, la falta de educación vial de los conductores de automóviles y las malas condiciones mecánicas en las que se encuentran los vehículos.

También, al encontrarse Bolivia entre las once naciones con peores índices de siniestralidad del mundo y ser -a su vez- un país turístico, el documento advierte a los turistas que confluyen a ese país del riesgo a sufrir accidentes mortales. Además, señala que los fallecimientos de los viajeros en las carreteras del país podrían duplicarse dentro de diez años y triplicarse en el 2030.

En todo el mundo mueren 25.000 personas al año por accidentes de tránsitos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los primeros puestos en este “ranking” latinoamericano los ocupan los países de Ecuador, El Salvador y Bolivia.

El presidente de la Cámara de Operadores de Turismo, Freddy Céspedes, restó importancia al asunto asegurando que el estudio no debe preocupar a aquellos turistas que conozcan los servicios de un operador seguro del país.

A partir del mes de marzo de 2011, comenzó a regir en Cuba un nuevo código de Seguridad Vial: la Ley 109.

            Amoldándose a las condiciones actuales del país en relación a las actividades de tránsito,  la Comisión Nacional de Viabilidad y Tránsito -junto a otros organismos- actualizó y atemperó la legislación vigente desde el año 1987.

            Esta nueva ley, enriquece la Ley 60 aún en vigor en el país, contemplando aspectos como el incremento de vehículos y peatones en las calles; la modernización del transporte; el deterioro progresivo de la infraestructura vial y la necesidad de reducir los índices de accidentalidad.

            Teniendo en cuenta que, según datos oficiales, la causa más frecuente de accidentes en la isla es la conducción en estado de embriaguez; la nueva ley contempla sanciones más severas contra aquellos que manejen bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas o medicamentos.  Recordemos que en el año 2010, las muertes ocasionadas por conductores alcoholizados ascendieron a 41 y los heridos a 200.

También las medidas se aplicaran para los que lo hagan sin poseer la licencia de conducir, o los que cometan una infracción muy peligrosa conduciendo un tractor o un vehículo de tracción animal.

            Así mismo, esta ley brinda al conductor la posibilidad de disminuir los puntos acumulados  en multas a través de un examen teórico-práctico y, ofrece fuerza legal al Plan Nacional de Seguridad Vial, que se llevará a cabo para mejorar la infraestructura de las vías, el estado técnico de los vehículos y la preparación de los conductores y aspirantes.

            Como se viene contemplando en otros países de América Latina, la nueva ley en Cuba hace hincapié en el fortalecimiento de la educación en seguridad vial a niños y jóvenes en edad escolar. Además, remarca el nuevo papel que desempeñan las antiguas escuelas de automovilismo y que desde la aplicación de la nueva ley se comenzaron a denominar como Escuelas de Educación Vial y Conducción.

En la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos (Argentina), el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) conjuntamente con la Municipalidad de dicha ciudad y Río Uruguay Seguros, firmaron en el mes de junio el “El plan de seguridad Vial”. Con este convenio buscan solucionar los graves problemas de siniestralidad de la ciudad: el mal tránsito y las malas políticas de seguridad vial tanto para los peatones como para los conductores.

El plan es a largo plazo (con un tiempo estimado de cinco años) y dividido en dos etapas: en la primera de ella se buscará  realizar un diagnóstico de la situación y en la segunda se buscará solucionar los problemas principales.

Buscando un cambio cultural, se invitó a participar del plan a distintas organizaciones e instituciones como ser: el Hospital Justo José de Urquiza, la Dirección Departamental de Educació Uruguay, la Jefatura Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, jueces de Falta, medios de comunicación, universidades, comercios, entre otros.

La etapa de relevamiento del comportamiento de quienes circulan la vía pública para saber cual es el cuadro de la situación, ya fue iniciada por un equipo técnico del CESVI junto a Transito Municipaly Seguridad Urbana. Esto permitirá contar con un diagnóstico para diseñar el plan de acción consiguiente.

Del mismo trabajo de campo, se pudo observar, por ejemplo, que en el Monumento a Urquiza de la Ciudad de Concepción del Uruguay no se respeta las velocidades máximas, la prioridad de paso en la rotonda y ni el obligatorio uso del cinturón de seguridad.

Recordemos que el CESVI, es una empresa dedicada a la experimentación, formación e investigación aplicada que busca modernizar el sector asegurador y reparador del automóvil y busca desarrollar la industria automotriz y la seguridad vial en la República Argentina. Este organismo se encuentra conformado societariamente por  ocho compañías de seguros que consideran que la inversión a mediano y a largo plazo en la única forma de producir el cambio necesario en el sector.

En el año 2008, la Asamblea Nacional de Ecuador, aprobó en Montecristi una nueva Ley de Tránsito que contó con 240 artículos con varios literales; se constituyó de tres capítulos (402 páginas de un libro de mano); 25 disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

Esta nueva Ley de Tránsito, debió ser aprendida y conocida por los ciudadanos de dicho país. En el mes de marzo de 2011, se reformó dicha ley (la del 2008) modificándose 122 artículos; sustituyéndose completamente el articulado, o reemplazando palabras y frases; aumentando los literales y modificando las disposiciones transitorias.

Así, las Reformas de la nueva Ley de Tránsito contemplaron el endurecimiento en las infracciones; la creación de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT) que se encarga de fijar las tarifas de transporte público, otorga y renueva las licencias y expide reglamentos para viabilizar la ley y; el remplazo de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), con sede en Guayaquil, que dirige y controla el tránsito y servicios de transporte.

A raíz de estas modificaciones, un diario del Ecuador realizó una encuesta a 160 conductores entre los que constaron chóferes profesionales, motociclistas, tricimotociclistas, conductores no profesionales, especiales y de maquinaria pesada. Las edades de estos encuestados oscilaron entre los 20 y 69 años y de sus respuestas se pudo constatar que sólo el 30% de los encuestados conocía parte de la normativa, es decir que, siete de cada diez conductores entrevistados no conocían la ley, sus reformas ni sus normativas anteriores.

Según las razones adjudicadas por los mismos interrogados, falta difusión, cultura y autoeducación de la Ley y sus reformas.

Por otra parte, el 61,25% de los conductores suponen que no se aplicará ni se sancionará la Ley de Tránsito, dato clave para comprender el desconocimiento y la poca interiorización en el tema.