En Costa Rica fue publicado esta semana el nuevo reglamento donde se establecen las pautas a seguir para el registro y detención de infractores a la Ley de Tránsito para regular las multas y las sanciones a los conductores que violen las normativas.

Entre los asuntos que regula está la polémica sober las imágenes que las cámaras de vigilancia capten de vehículos realizando infracciónes de tránsito. Estas imágenes no serán públicas, y únicamente serán de acceso para los agentes de tránsito que deben imponer la sanción y para el conductor que la haya cometido, según establece el reglamento y explicó el Consejo de Seguridad Vial, (Cosevi). Servirá como prueba de que los condutores violaron los límites de velocidad establecidos por la ley.

Ubicación pública de cámaras y radares

En este rubro el reglamento para el uso de equipos de registro y detección de infractores de la ley de tránsito establece también que los conductores deben ser avisados con antelación acerca de los lugares que estarán vigilados por cámaras y radares. Las cámaras deberán colocarse de forma que respeten la privacidad de los ocupantes de los carros, pues el objetivo es grabar las matrículas.

Asimismo, el documento señala que las cámaras deben estar calibradas por un responsable reconocido por las autoridades correpondientes, quienes también deben encargarse del mantenimiento, como una forma de garantizar que radares y cámaras no son manipulados y sus mediciones son acertadas.

Sancionarán por exceso de velocidad

Con esta  publicación del reglamento se pone por tanto en marcha el sistema por el cual las autoridades de tránsito se apoyarán con las cámaras en las carreteras, y según el Cosevi, en la próxima semana se podrán fijar las fechas para el inicio de las multas. Las sanciones que se interpondrán mediante este sistema son las de exceso de velocidad, cuando los radares detecten que el conductor sobrepasa en 20 kilómetros por hora o más los límites estabelcidos en cada vía.

Los equipos de cámaras y radares se encuentran por el momento situados en tres carreteras del país: Florencio del Castillo ( municpio de Cartago), General Cañas (hacia Alajuela) y el anillo inconcluso de Circunvalación.

Recientemente las autoridades chilenas encargadas del tránsito anunciaron la finalización del periodo anual de restricción vehicular, que dura  los cinco meses de invierno en la región metropolitana, y cuyo objetivo es reducir la contaminación ambiental que propician los vehículos sin catalizador en este  área  de la capital y sus alrededores.

Rechazan su aplicación

Sin embargo , esta medida que se aplica desde hace décadas en la zona metropolitana, por ser laque mayor contaminación del aire presenta, no es aceptada por muchos sectores que la consideran inútil y piden que se cese en su implementación.  Se cuestiona la eficacia y pertienencia de esta medida porque en la actualidad el número de vehículos afectados por la restricción, es decir, aquellos que no cuentan con catalizador , suponen únicamente  el 10 por ceitno del parque vehicular de la región, o sea, unos 110 mil vehículos.

De estos, diariamente rige la prohibición de circular para el 25 por ciento, con lo que la incidencia es menor, debido a que la renovación de vehículos se ha dado con rapidez en los últimos año en Chile.  Dado que afecta apocos vehículos se duda de su eficacia para evitar congestionamientos y emisiones contaminantes, y se está pidiendo a las autoridades que se replanteen esta medida, ampliándola a otros vehículos que sí cuentan con catalizador.

Sustituirla por otras medidas

Otros sectores en cambio argumentan que Santiago ya no es la ciudad más contaminada de Chile y por eso, la medida no aplica en la actualidad, porlo que abogan por eliminarla y sustituirla por otras iniciativas como incentivar el uso del transporte público frente al vehículo particular, o el impulso de otras tecnologías más respetuosas con el ambiente como el gas o los autos híbridos. Otra medida para desincentivar el tránsito vehicular sería la eliminación de estacionamientos y tarificación del parqueo en las calles, según consideran los expertos.

Casi dos meses después de haberse puesto en marcha la Ley 145, que creó el servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio General de Licencias de Conducir (Segelic) en Bolivia, los datos que se están hallando son abrumadores, y es que al menos dos de cada diez licencias de conducir presentan irregularidades, según los primeros estudios realizados en base a la nueva normativa.

Tipos de irregularidades

Las autoridades de Segelic señalaron que en el periodo de la aplicación de la ley se emitieron y renovaron al menos 4 mil licencias de conducir, de las cuales cien tienen irregularidades. En base a estos datos se estima que dos de cada diez licencias presentan algún tipo de deficiencia. Entre las deficiencias encontradas está la ausencia de registro legal de la licencia y ausencia de historial de la licencia en la base de datos.

Tampoco existe una base de registro de infracciones e involucramiento en accidentes. Es decir, muchas personas tienen su licencia físicamente, pero estas no están registradas oficialmente. Muchas licencias no cuentan con registro policial, así es que son permisos fantasma, logrados posiblemente sin examen previo, sino a través de una compra ilegal del documento.

Las personas cuyos documentos son irregulares deberán realizar nuevamente los trámites para obtener el permiso, indicaron las autoridades de Segelic.

Beneficios de la nueva norma

Entre los beneficios que ha supuesto la nueva normativa, está la creación de la Escuela Pública para Conductores, una instancia que permite garantizar que las personas que acceden a una licencia de conducir están capacitadas para manejar un vehículo. Adicionalmente se ha mejorado y agilizado el sistema de emisión de licencias, al menos en la capital, La Paz. El problema ahora está en consolidar este sistema con el que se aplica aún en el resto del país que aún maneja el anterior sistema, que es el que almacena los datos sobre renovaciones y trámites nuevos, pero a nivel departamental únicamente, no a nivel nacional.

Las autoridades de Costa Rica encargadas de la emisión y renovación de las licencias de conducir recordaron que, según las últimas reformas a la ley de tránsito, si un conductor pierde todos sus puntos, deberá esperar dos años para poder volver a manejar.

Se inicia con 50 puntos

La  reciente reforma a la ley de tránsito estableció un máximo de cincuenta puntos por conductor que se obtienen al conseguir la licencia. Estos se van descontando según las infracciones cometidas. Los puntos no son acumulativos, es decir, su vigencia es igual a la de la licencia de conducción. Por lo tanto, al momento de ir a renovar el permiso de manejar, los puntos se retiran por completo y se conceden cincuenta nuevos puntos.

Las licencias de conducir en Costa Rica tienen una vigencia de seis años y según las últimas estadísticas reveladas por las autoridades, más de 3200 conductores han perdido ya sus puntos. La primera vez que se pierden los cincuenta puntos, el conductor tiene una restricción de dos años para manejar. Estos conductores deberán someterse el próximo año 2012 a un curso de sensibilización o resocialización con un psicólogo para poder recuperar su licencia de conducir.

En el caso de que el conductor sea reincidente, es decir, cumple los dos años de sanción y vuelve a perder los 50 puntos, se le aplicará una nueva sanción de tres años.

Penalizaciones

Este sistema comenzó a utilizarse en Costa Rica a finales del año 2010, e implican la pérdida total de puntos manejar con tasas superiores a 0,50 gramos por litros de sangre, o bajo efectos de drogas, causar accidentes con muertes, conducir a velocidades superiores a 120 kilómetros por hora, no usar dispositivos de seguridad para niños, realizar piques o falsos adelantamientos, entre otras sanciones. En el caso de motocicletas u otros vehículos bimotores se pierden los 50 puntos si no se usa el casco. Se estabelcen además multas de distintas cuantías, e incluso penas de cárcel.

La restricción de la circulación vehicular se ha convertido en un mal necesario en muchas capitales latinoamericanas, que ven cómo el tráfico hace imposible la vida a los ciudadanos, especialmente en las horas punta. Por eso, son cada vez más las ciudades y capitales del continente que se unen a los proyectos de ‘Pico y Placa’ como son conocidos desde que Bogotá comenzó su implementación hace años.  Y es que ya son ocho las capitalesy grandes urbes latinoamericanas que este aplican el sistema, una modalidad que limita el uso del vehículo en las horas pico en determinadas urbanas, como una solución parcial a las largas filas de vehículos que atestan cada día las entradas y salidas de las urbes del continente.

Ciudades que lo aplican

Capitales con alto flujo vehicular como México DF, Bogotá, San Pablo, Medellín, Quito, San José, La Paz y Santiago son las ciudades que se han subido al carro del ‘Pico y Placa’ e imponen restricciones, que se basan en prohibir la circulación de vehículos en determinados días de la semana según su número de placa.

El sistema es originario de Bogotá, en Colombia, que fue uno de los primeros lugares en implementarlo. Existen diversas formas de aplicación, por ejemplo en Quito, Bogotá, Medellín y San José de Costa Rica se aplica restringiendo la circulación en las horas pico de todos los automóviles cuyas placas terminen en determinados números, que van rotando cada día. A veces restringen dos dígitos diarios, lo que representa a un 20 por ciento de los vehículos, y en ocasiones hasta cuatro, que supone un 40 por ciento del parque vehicular.

Otras formas menos restrictivas

Sin embargo, en otras ciudades como San Pablo y La Paz, los vehículos solo tienen restricciones al ingresar en áreas del centro de la ciudad, mientras que en Santiago y en México DF, el sistema de pico y placa exime a los vehículos con convertidor catalítico, que reduce los gases contaminantes emitidos a la atmósfera.

La restricción vehicular es un recurso muy bien valorado desde el punto de vista ambiental o del alivio de la  congestión, sin embargo es una medida que puede ser percibida como un castigo por los usuarios, si no se cuenta con alternativas de transporte público que permitan moverse por las ciudades.