Los accidentes de tránsito no sólo implican muertos y heridos, sino que también significan altos costos económicos para las regiones y los países. Así, según el Banco Mundial en el año 2009, el gasto anual de las lesiones por accidentes de tránsito ascendía al 1% del Producto Interno Bruto en los países de ingreso bajo y al 1,5% en los de renta media.

Hoy en día, el costo económico producido por los siniestros viales y las lesiones derivadas de ellos, se estima entre el 1% y el 3% del Producto Interno Bruto. Estos gastos comprenden áreas como salud, seguros, pensiones, logística, pérdida de productividad, entre otros.

Por su parte, durante los cuatro primeros meses de 2010, en la provincia de Buenos Aires, se produjeron 432 accidentes viales en rutas que le implicaron a la provincia un costo global de $14.089.320. Para ser más gráficos, un traumatizado grave obliga a una inversión de $75.000, y uno leve a $1.000.

Si bien, ya en el año 2010 la cantidad de accidentes en ruta disminuyeron un 21,6% en comparación con el del año 2009, la provincia sigue trabajando en el asunto apelando a un cambio de cultura que implica la utilización responsable del cinturón de seguridad, del casco, los controles de alcoholemia, entre otras políticas de seguridad vial.

A todos los gastos post accidente, se deben sumar los gastos que se realizan en relación al accionar de la Policía de Seguridad Vial. Si una colisión vial, a parte de la presencia de policías, implica también la presencia de bomberos, personal de la dirección Vial, personal técnico en el caso de derrames de sustancias peligrosas, trabajos especializados o maquinaria específica los gastos aumentan exponencialmente.

Por ejemplo, se estima que cada accidentes entre personal policial, traslado de vehículos, realización de los peritajes del caso e instrucción de los sumarios policiales pertinentes obliga a la provincia a desembolsar $2.182.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires (Argentina), teniendo en cuenta los alarmantes índices de siniestralidad vial tanto en la provincia como en el país, creó  la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial que se encuentra regulado por el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministerios.

            Este departamento tiene la misión de programar y coordinar la ejecución de la política de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y de articular la relación con los organismos competentes en la materia tanto a nivel provincial, municipal, nacional e internacional.

            Esta Dirección, propuso los siguientes ejes de acción: educación, concientización, control y sanción. A través de ellos, busca producir un cambio cultural en la sociedad con respecto a lo que a seguridad vial concierne.

            Como para la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, la educación vial constituye un proceso de sociabilización importante en la búsqueda de un cambio cultural en el tema, ésta promueve acciones coordinadas con diferentes instituciones para capacitar a autoridades de aplicación, agentes municipales de tránsito, docentes y alumnos.

            Así mismo, realiza actividades de concientización y jornadas de reflexión buscando que los participantes asuman el rol que a cada uno le incumbe como partícipe en los hechos de tránsito y, generen una autocrítica sobre las actitudes negligentes en la vía pública.

            Por otra parte, establece controles para fiscalizar el uso de los cinturones de seguridad, el respeto de las velocidades mínimas y máximas y el uso del casco en motovehículos; ya que considera al control como un elemento clave para la disuasión de conductas y para la generación de un efecto a corto plazo.          

            El empleo del control trae aparejado sanciones, por lo tanto, cuando no se cumplen las normas que rigen para una circulación segura en la vía pública esta Dirección hace uso de las acciones punitivas necesarias.

Muchas veces se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas a través de vehículos doble comando. Pero más allá de esto, toda escuela que pretenda mejorar sus servicios debe contar con todos los requerimientos de seguridad necesarios para circular con tranquilidad, independientemente de que sean exigidos o no por las autoridades pertinentes.

Es cierto que en muchos países de América del Sur, Centro América y el Caribe no se exige la utilización de equipamientos de prevención tales como el airbag y el freno ABS. En Europa, este tipo de frenos es obligatorio desde hace prácticamente una década.  Básicamente, estos sistemas evitan que las llantas se detengan totalmente y se deslicen en la superficie y permite disminuir la distancia del frenado y seguir direccionando el vehículo con el volante mientras se frena.

Si bien el cinturón de seguridad es un buen elemento de contención ante un posible accidente, la bolsa de aire complementa la función del mismo y permite evitar lesiones graves en muchos de los casos. Precisamente su función es detener el cuerpo de los ocupantes del vehículo de la manera menos traumática posible.  De acuerdo a un estudio técnico realizado por la  NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), el airbag combinado con el cinturón de seguridad reduce las muertes en accidentes de tránsito en un significativo 61%.

Ciertamente cuando un alumno toma el volante, lo más común es que se conduzca a una velocidad prudente, a veces hasta inferior a la normal; pero el instructor no puede controlar el accionar del resto de los autos, por lo que este tipo de medidas son una efectiva prevención.

Contar con este tipo de elementos es diferenciarse y, de alguna manera, anticiparse a los cambios; ya que tanto Argentina como Brasil y México, principales industrias automotrices, ya están trabajando en una legislación que obligue su uso.

El hecho de que en América Latina se maneja realmente mal en muchos casos, se ve lamentablemente reflejado en los altos índices estadísticos existentes. Se han registrado, por ejemplo, un promedio de 130.000 muertos y 6 millones de heridos al año; cifras que realmente son alarmantes. Estos números reflejan algo así como cerca de 28 víctimas fatales cada 100.000 habitantes.

Muchos factores pueden atribuirse a estos fríos y crueles números. La ausencia de Educación Vial es, sin lugar a dudas, el principal motivo de los accidentes; pero también es cierto que el mal estado de muchas rutas, la falta de señalización y la poca participación de algunos gobiernos en la implementación de políticas tendientes a mejorar la situación, son factores altamente influyentes.

En un encuentro realizado en México, el segundo de carácter Iberoamericano y del Caribe en Seguridad Vial, la Vice Presidenta del Banco Mundial para América Latina, Pamela Cox, hizo hincapié en mejorar ineludiblemente la calidad de las carreteras y rutas en todos los países contemplados.

Por otro lado, el Banco Mundial y las autoridades locales de Argentina, están trabajando desde hace un tiempo en la incorporación de una agencia que establezca sistemas de seguridad en las rutas. Los resultados están comenzando a cristalizarse, ya que en el último año se lograron reducir los accidentes fatales en un 10 %.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas, los accidentes de tránsito representan la primera causa de muerte en niños que oscilan entre 5 y 14 años de edad y la segunda entre personas de 15 a 44 años. Los peatones, ciclistas y motociclistas son los más afectados en carácter de víctimas.

Como se mencionó anteriormente, la imprudencia y la falta de leyes contemplativas producen en la región más de 130.000 muertes por año y algo más de 6 millones sufren traumatismos, muchos de los cuales pueden derivar en discapacidades permanentes. 

En el transcurso del año 2011, en el país de Nicaragua, se desarrollaron varias campañas de Seguridad Vial que consistieron en la entrega de cascos a la población que contara con motocicletas.

Una de esas campañas, que se desarrollará a lo largo de todo este año,  fue iniciada por el departamento de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional (PN) de Nicaragua. En una primera etapa, se hizo una entrega de 500 cascos a menores de edad en los colegios “Camilo Zapata” y “Rubén Darío”, con la finalidad de proteger a esta franja de la población cuando son trasportados a las instituciones escolares por sus padres.

Teniendo en cuenta que en el año 2010 murieron en el país 89 personas y 1.650 más resultaron heridas en accidentes en los que se vieron involucradas motos; el lema de esta campaña es “Un casco, una vida”.

Este proyecto, también fue llevado a cabo en el año 2010, logrando entregar un millón doscientos mil cascos, cifra que se pretende igualar en este año, sobretodo teniendo en cuenta que en los últimos cinco años el número de motocicletas en la calle se incrementó.

Por su parte, la empresa Masesa ya cuenta con cinco entregas de la campaña de los “Cascos Amarillos” que nace en Guatemala en el año 2008, la cual consiste en canjear cascos amarillos nuevos por cascos en mal estado.

En el año 2010, la campaña en Nicaragua se realizó con motivo de la celebración del día de la madre y se canjearon cien cascos amarillos a madres motorizadas, buscando cuidar la seguridad e integridad de las madres que utilizan este vehículo como medio de transporte y como herramienta de trabajo.

En el año 2011, también se cambiaron cascos viejos por nuevos y certificados internacionalmente a los padres nicaragüenses que se acercaron a las oficinas centrales de la empresa en Managua. La empresa tiene pensado entregar en el transcurso de este año doscientos cascos más.

Masesa no sólo realiza este tipo de campañas en Nicaragua sino que ya lleva quince entregas en toda Centroamérica, logrando más de seis mil canjes en las distintas oportunidades.

Esta empresa opera en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.