A través del principal referente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, el gobierno peruano manifestó su intención de mantener vigente el monto referido a las multas expedidas para conductores que infrinjan las leyes de tránsito actuales. Igualmente,  vale la pena recordar que el nuevo Código de Tránsito entrará en vigencia a partir del 21 de julio de 2011.

Este es un tema de larga data y discusión en Perú, pero de acuerdo a diferentes encuestas desarrolladas, el 90% de los peruanos habilitados para manejar están de acuerdo con los aumentos que propone el nuevo código.

La principal intención a través de estas medidas es la de cambiar la mentalidad de los peruanos en relación al tránsito y la seguridad vial. Fundamentalmente la idea es generar conciencia de que toda infracción, ya sea de índole mayor o menor, debe ser tomada de manera seria y recibir, en consecuencia, el pertinente castigo.

Por su parte,  la División de Policía de Tránsito de Perú está a cargo de realizar tareas pertinentes al orden y al control del tránsito. Entre esas tareas se encuentra la de garantizar la libre circulación de los vehículos, la prevención de accidentes y participar en el aporte de ideas para resolver problemas de tránsito y seguridad vial. El organismo también  se encarga de realizar Operativos de Control selectivo contra infractores al Reglamento Nacional de Tránsito y normas conexas, imponiéndoseles las PITs (Papeletas por Infracción de Tránsito) de conformidad a la escala de multas en vigencia.

Enrique Cornejo también brindó detalles en relación al ordenamiento en la Carretera Central del tránsito de Perú. Como primera medida, se establece que los días feriados y fines de semana dicha carretera ser{a mano en sentido Lima a Chosica de 07:00 a 13:00 hs. y en circulación contraria de 14:00 a 19:00, respetándose siempre un solo sentido durante los horarios mencionados con anterioridad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), recientemente  dejó en claro que el problema de los accidentes de tránsito en América Latina y el Caribe debe atenderse con carácter de prioritario ya que no han habido avances significativos en los últimos diez años. En general,  son pocos los países que han mostrado avances en esta materia. Y de acuerdo a las estadísticas más de un millón de personas mueren al año en todo el mundo, pero en América Latina esta  cifra es  el doble, así que estamos frente a una situación de alta gravedad.

Sólo por citar algunos ejemplos: en Uruguay la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes es de 4.3 y en México la cifra se dispara a 20 por cada 100,000. Del lado opuesto, en Estados Unidos y su vecino Canadá las muertes en accidentes de tránsito han venido a menos en el mismo lapso de tiempo, prueba de que allá se han puesto a trabajar en serio.

¿Motivos del incremento de los accidentes?

Varios, entre los que podemos citar: normas básicas de seguridad como el uso de cinturones de seguridad, casco, nula cultura vial, imprudencia de conductores y peatones, divergencias en la legislación vigente, sin olvidar la falta de planeación de las autoridades en las áreas de transporte o tránsito.

Según las OPS, se podrían solucionar muchos de estos problemas adoptando leyes integrales y más eficientes donde se contemplen penas más severas a las personas imprudentes que conduzcan en estado alcoholizado por ejemplo.

También sería interesante y muy útil que cada gobierno realice campañas constantes de concientización sobre seguridad vial.

Finalmente y en palabras de la OPS sería muy recomendable que cada país contara con un sistema más eficiente de recopilación de datos sobre accidentes de tránsito. Esto sería especialmente útil para poder evaluar en qué rubros se tiene que trabajar más. Desafortunadamente  es una tarea titánica porque muchos países carecen de información detallada sobre accidentes de tránsito.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de doscientas mil personas mueren al año en América Latina en hechos relacionados con accidentes de tránsito, lo que significa una cifra mayor que las víctimas de la gripe aviar o la influenza.

Por este motivo dicho organismo declaró que de 2011 a 2020 será el decenio de la seguridad vial. Esto representa un verdadero reto para la región porque deben comprometerse a trabajar de manera más firme en programas que planifiquen, sensibilicen y generen una cultura de seguridad vial en las personas.

Es un trabajo muy difícil de cumplir porque la mayoría de las personas son muy poco sensibles a comprender los problemas reales que se generan cuando se maneja en estado de ebriedad o cuando no se respeta un semáforo o incluso cuando un peatón cruza de forma deliberada sin fijarse en el color de las luces. Hacen falta valores y lo peor es que en países como México se tiene la costumbre cada vez más generalizada de que es más económico rematar a una persona cuando se le ha atropellado a tratar de salvarle la vida ya que esto implicaría gastos de manutención y  hospitalización por el resto de su vida y muchos conductores se regresan a rematar a los caídos.

Otro factor importante es la insensibilidad de las personas ya que al ver tantos accidentes a diario lo toman como algo normal de vivir en una ciudad tan poblada y después de la impresión inicial se olvidan del accidente y regresan a su vida rutinaria.

Los gobiernos de la región tienen una dura tarea porque deben invertir en rubros como la planificación de cada urbe y campañas de sensibilización constantes en la población. Esto es muy difícil de lograr ya que, entre otras cosas en la actualidad se le da toda la prioridad a los automovilistas dejando en los últimos rubros del presupuesto detalles tan importantes como la compra suficiente de señalamientos o puentes peatonales, por citar dos ejemplos.

Finalmente, según datos de la OMS, si los gobiernos no toman medidas eficientes sobre estos temas, para el año 2020 aproximadamente más de un millón de personas habrán perecido en los últimos 10 años. Actualmente cada hora fallecen en América Latina 14 personas víctimas de algún percance de tránsito. Y esto se vuelve más terrible si consideramos que los accidentes vehiculares pueden evitarse en un porcentaje del 90% si se toman las medidas pertinentes.

Recordemos además que después de un percance muchas personas pueden quedar mal de alguna parte de sus cuerpos convirtiéndose en una carga ya sea para el estado o para sus familiares que no pueden desampararlos.

La fuerte carga impositiva a los autos 0 kilómetro es siempre una dificultad a afrontar por cualquier dueño de una escuela de conducción en cualquier parte del mundo. Pero este problema se acentúa mucho más en algunos países en especial.  Este es el caso de Uruguay.

Algunos datos reveladores para tener en cuenta, indican que los vehículos adquiridos fuera del Mercosur (Mercado Común del Sur) las cargas impositivas significan un 39% del valor total de la unidad. En el caso de que se adquiera fuera de esta región económica, la misma carga logra ascender a un 49% del valor.

Así por ejemplo, se puede hacer una rápida comparativa de precios, teniendo en cuenta que un Volkswagen Gol Power 0Km., motor 1.4, cuatro puertas,  cuesta en promedio U$D 15.000 en Colombia y alrededor de US$ 20.000 en Uruguay.

En otros países ubicados en diferentes latitudes, la carga impositiva nunca supera el 30%, siendo de alrededor del 28% en España, por ejemplo, del 21%  en Chile y del 14% en Canadá, sin tener en cuenta posibles acuerdos territoriales de adquisición (por ejemplo obtener una unidad dentro de la Comunidad Europea en el caso de España), casos en que el porcentaje comprendido por los impuestos puede ser aún menor.

Este inconveniente se viene manifestando desde hace décadas y de acuerdo a las constantes quejas que se oyen a través de los consumidores, el gobierno cree que tener un auto nuevo es una clara señal de solvencia económica. A cada nueva unidad se le cargan gran cantidad de impuestos, entre ellos el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), el Imesi (Impuesto Especifico Interno), Impuestos aduaneros, IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas), patente e impuesto al patrimonio,  entre otros gastos administrativos.

Y obviamente que esto afecta directamente a quienes intentan mejorar el servicio a través de la incorporación de unidades más modernas, con el afán de brindar una confortable experiencia para los alumnos.

Muchas veces se ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas a través de vehículos doble comando. Pero más allá de esto, toda escuela que pretenda mejorar sus servicios debe contar con todos los requerimientos de seguridad necesarios para circular con tranquilidad, independientemente de que sean exigidos o no por las autoridades pertinentes.

Es cierto que en muchos países de América del Sur, Centro América y el Caribe no se exige la utilización de equipamientos de prevención tales como el airbag y el freno ABS. En Europa, este tipo de frenos es obligatorio desde hace prácticamente una década.  Básicamente, estos sistemas evitan que las llantas se detengan totalmente y se deslicen en la superficie y permite disminuir la distancia del frenado y seguir direccionando el vehículo con el volante mientras se frena.

Si bien el cinturón de seguridad es un buen elemento de contención ante un posible accidente, la bolsa de aire complementa la función del mismo y permite evitar lesiones graves en muchos de los casos. Precisamente su función es detener el cuerpo de los ocupantes del vehículo de la manera menos traumática posible.  De acuerdo a un estudio técnico realizado por la  NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), el airbag combinado con el cinturón de seguridad reduce las muertes en accidentes de tránsito en un significativo 61%.

Ciertamente cuando un alumno toma el volante, lo más común es que se conduzca a una velocidad prudente, a veces hasta inferior a la normal; pero el instructor no puede controlar el accionar del resto de los autos, por lo que este tipo de medidas son una efectiva prevención.

Contar con este tipo de elementos es diferenciarse y, de alguna manera, anticiparse a los cambios; ya que tanto Argentina como Brasil y México, principales industrias automotrices, ya están trabajando en una legislación que obligue su uso.