Aunque la mayoría de normativas de tránsito no especifican una edad concreta para dejar de conducir, es necesario saber que con el paso de los años se pierden algunas capacidades necesarias para realizar una buena conducción. Por eso, aunque no hay un estimado según los doctores para dejar el volante, lo cierto es que después de los 60 años disminuyen los reflejos, empeora la vista, y la capacidad de reacción se ralentiza.

El motivo de que la mayor parte de leyes no establezcan una edad límite para manejar es evitar la discriminación. Lo que recomiendan expertos de tránsito es realizar chequeos médicos más frecuentes a los conductores ancianos, para detectar posibles problemas. Lo cierto es que , si bien se pierden capacidades, la precaución del conductor aumenta proporcionalmente con la edad. Es decir, los adultos mayores que manejan prestan más atención y son más prudentes que los jóvenes menores de 25 años, por ejemplo.

Responsabilidad del conductor

Lo que sí resulta fundamental es que los propios conductores mayores sean conscientes de su evolución, para no convertirse en temerarios. La visión es una de las capacidades que más menguan con la edad, y algunos estudios señalan que los adultos mayores requieren de entre  un 65 y un 77 por ciento más de distancia para ver bien las señales, que las perosnas jóvenes. Otras facultades que se pierden son el oído y la coordinación de músculos y articulaciones, generando dificultades para asomar la cabeza, girar, o parquear correctamente.

Dificultades de concentración

Existe otro tipo de problemas no tanto físicos, sino mentales que pueden hacer correr riesgos a la persona, como la falta de concentración o la pérdida de memoria, lo que puede generar dificultades para ubicarse.

Si una persona siente que zigzaguea, no puede parquear su automóvil correctamente, tiembla o no es capaz de ver bien las señales de tránsito, entonces quizá es el momento oportuno y responsable de retirarse de las pistas de conducción, ya que cuando estos síntomas se dan, de nada sirve la prudencia, pues se triplica la posibilidad de verse involucrado en un accidente. También es importante que los adultos mayores se sientan apoyados por familiares o personas cercanas y entiendan que una retirada a tiempo siempre es mejor que poner en riesgo su propia seguridad o la de otras personas.

Casi dos meses después de haberse puesto en marcha la Ley 145, que creó el servicio General de Identificación Personal (Segip) y el Servicio General de Licencias de Conducir (Segelic) en Bolivia, los datos que se están hallando son abrumadores, y es que al menos dos de cada diez licencias de conducir presentan irregularidades, según los primeros estudios realizados en base a la nueva normativa.

Tipos de irregularidades

Las autoridades de Segelic señalaron que en el periodo de la aplicación de la ley se emitieron y renovaron al menos 4 mil licencias de conducir, de las cuales cien tienen irregularidades. En base a estos datos se estima que dos de cada diez licencias presentan algún tipo de deficiencia. Entre las deficiencias encontradas está la ausencia de registro legal de la licencia y ausencia de historial de la licencia en la base de datos.

Tampoco existe una base de registro de infracciones e involucramiento en accidentes. Es decir, muchas personas tienen su licencia físicamente, pero estas no están registradas oficialmente. Muchas licencias no cuentan con registro policial, así es que son permisos fantasma, logrados posiblemente sin examen previo, sino a través de una compra ilegal del documento.

Las personas cuyos documentos son irregulares deberán realizar nuevamente los trámites para obtener el permiso, indicaron las autoridades de Segelic.

Beneficios de la nueva norma

Entre los beneficios que ha supuesto la nueva normativa, está la creación de la Escuela Pública para Conductores, una instancia que permite garantizar que las personas que acceden a una licencia de conducir están capacitadas para manejar un vehículo. Adicionalmente se ha mejorado y agilizado el sistema de emisión de licencias, al menos en la capital, La Paz. El problema ahora está en consolidar este sistema con el que se aplica aún en el resto del país que aún maneja el anterior sistema, que es el que almacena los datos sobre renovaciones y trámites nuevos, pero a nivel departamental únicamente, no a nivel nacional.

Las autoridades de Costa Rica encargadas de la emisión y renovación de las licencias de conducir recordaron que, según las últimas reformas a la ley de tránsito, si un conductor pierde todos sus puntos, deberá esperar dos años para poder volver a manejar.

Se inicia con 50 puntos

La  reciente reforma a la ley de tránsito estableció un máximo de cincuenta puntos por conductor que se obtienen al conseguir la licencia. Estos se van descontando según las infracciones cometidas. Los puntos no son acumulativos, es decir, su vigencia es igual a la de la licencia de conducción. Por lo tanto, al momento de ir a renovar el permiso de manejar, los puntos se retiran por completo y se conceden cincuenta nuevos puntos.

Las licencias de conducir en Costa Rica tienen una vigencia de seis años y según las últimas estadísticas reveladas por las autoridades, más de 3200 conductores han perdido ya sus puntos. La primera vez que se pierden los cincuenta puntos, el conductor tiene una restricción de dos años para manejar. Estos conductores deberán someterse el próximo año 2012 a un curso de sensibilización o resocialización con un psicólogo para poder recuperar su licencia de conducir.

En el caso de que el conductor sea reincidente, es decir, cumple los dos años de sanción y vuelve a perder los 50 puntos, se le aplicará una nueva sanción de tres años.

Penalizaciones

Este sistema comenzó a utilizarse en Costa Rica a finales del año 2010, e implican la pérdida total de puntos manejar con tasas superiores a 0,50 gramos por litros de sangre, o bajo efectos de drogas, causar accidentes con muertes, conducir a velocidades superiores a 120 kilómetros por hora, no usar dispositivos de seguridad para niños, realizar piques o falsos adelantamientos, entre otras sanciones. En el caso de motocicletas u otros vehículos bimotores se pierden los 50 puntos si no se usa el casco. Se estabelcen además multas de distintas cuantías, e incluso penas de cárcel.

En Ecuador se está aplicando el artículo 92 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo cual ya ha generado controles más estrictos ya que únicamente 11 universidades, 12 sindicatos y cuatro escuelas politécnicas del país se encuentran formando a las personas que desean obtener un permiso de conducción para chofer profesional, ya que son los centros autorizados.

Centros autorizados

Según esta norma quienes desean ejercer estos trabajos deben conseguir primero una licencia que les habilita para conducir vehículos a motor de distitntos tipos, maquinaria, camiones u otros vehículos pesados. En el caso de estos futuros choferes, deben inscribirse en un curso en algunas de las 11 universidades y las 4 escuelas politécnicas del país que lo imparten. También están autorizados 12 sindicatos. El listado de nombres es transmitido a la Agencia de Tránsito, que controla la asistencia de los participantes. Solo los que lo completan con asistencia y aprobando el examen final, obtienen la licencia.

Las universidades en las que está disponbible el curso son San Francisco de Quito; de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil; Chimborazo; Técnica del Norte; Milagro; del Sur de Manabí; Internacional; Eloy Alfaro; Técnica de Manabí y Ecotec. Mientras tanto, los sindicatos autorizados a impartir el curso son los ubicados en las localidades de Pelileo, Píllaro, Piñas, Biblián, Catamayo, Cuenca, Naranjal, Tarqui, Huaquillas, Esmeraldas, Riobamba, y, Almeida de Rumiñahui.

Requisistos de los aspirantes

Los aspirantes a conductores profesionales necesitan cumplir con requisitos estrictos para obtener su licencia: Deben contar con la licencia de vehíuclos normas (tipo B), presentar cédula de ciudadanía y papleta de votación, y deben tener un nivel mínimo de eduacación de primer año de bachillerato. Además  tienen que pasar por un examen médico y entregar el certificado correspondiente, presentar cuatro fotografías y pagar 15 dólares por los exámenes de vista y oído. Este sistema permitió que el pasado año se capacitaran y profesionalizaran 13 mil 677 conductores.

Después de un año de vigencia de la ley de tránsito, también conocida como ‘Ley Salvavidas’ en el estado de Jalisco (México), los resultados comienzan a hacerse evidentes y la normativa es considerada un ejemplo en toda América Latina. En estos doce meses los accidentes viales relacionados con el alcohol se redujeron un 13 por ciento, cifra que aumenta hasta un 18 por ciento en el colectivo de jóvenes.

Concretamente los accidentes mortales realcionados con este problema se redujeron de 381 en el año anterior a 330 en el mismo periodo de tiempo pero con la aplicación de la normativa. Traducido en vidas, esto significa que 51  personas menos fallecieron por accidentes combinados con alcohol desde que se puso en marcha el endurecimiento de penas.

Sanciones mucho más duras

La ley «antiborrachos», como algunos la han dado en llamar, se aprobó en julio de 2010 en medio de una gran polémica entre detractores y partidarios, reduceindo considerablemente las tasas de alcohol permitidas a los conductores y endureciendo considerablemente las penas. Esta ley establece una multa máxima de 11 mil pesos (dólares) para aquellos conductores que superen los 80 miligramos de alcohol en sangre.  Además, impide a los establecimientos la venta de alcohol en horas de la madrugada. La ley ha sido elogiada por la Organización Panamericana de la Salud como un ejemplo a seguir en América Latina.

Generar conciencia

La normativa no solo ha servido para reducir la tasa de accidentes, sino también para generar conciencia en la juventud sobre los peligros de mezclar el alcohol con el volante. A  la larga se espera que esta legislación contribuya a reducir en un 50 por ciento la cifra de accidentes de tráfico relacionados con la ingesta de alcohol, en un periodo de diez años.

En el Estado mexicano de Jalisco se estima que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes. Cada año, los accidentes de tráfico cuestan a la adminsitración pública más de 7 mil millones de pesos, ya que en ellos mueren alrededor de 1500 personas y otras 3 mil quedan discapacitadas.