Un decreto para resguardar la vida de los motorizados

Ya sea con programas integrales, políticas de Estado o iniciativas de organizaciones independientes, fomentar la responsabilidad de los conductores de motos al manejar se convierte en una prioridad para consolidar la seguridad vial en cualquier país.

Para el Centro de Investigación en Educación para la Seguridad Vial (Ciesvial) en Venezuela, la educación, el control y la sanción son las claves que impulsarán un verdadero cambio de conducta en las personas al volante, especialmente los motorizados.

En el caso de Venezuela, un proyecto pionero aplicado en el estado Táchira con autorización del Gobierno regional, generó una disminución de 95% en los accidentes que involucraban motorizados, y atenuó la presencia de heridos por motos en las áreas de emergencia y traumatología de los centros asistenciales.

Con la entrada en vigencia del decreto número 511 en octubre de 2013 en esa entidad de Los Andes venezolanos, los motociclistas comenzaron a adaptarse a una serie de normas que, aunque en su mayoría ya están establecidas en la Ley de Transporte Terrestre Sobre el Uso y Circulación de Motocicletas, hasta el momento no se acataban.

La primera de las medidas fue la restringir el horario de circulación de motos en las noches (con algunas excepciones por estudios o trabajo), debido al alto número de accidentes registrados en esa franja horaria.

El decreto también reforzó el uso del casco y de chaleco reflectivo, prohíbe llevar más de dos personas a bordo,  trasladar niños menores de 10 años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, o cargas muy pesadas.

Quien incumpla con alguno de los puntos de este instrumento, será sancionado con una multa o la retención del vehículo.

De esta manera, las autoridades regionales lograron controlar en seis meses, una problemática social y de salud pública que cobraba la vida de muchas personas cada semana, en su mayoría jóvenes.

Actualmente, el decreto número 511 sigue vigente, y goza de una amplia aceptación por parte de la población, e incluso de mandatarios regionales en otros estados de Venezuela, quienes evalúan la aplicación de normativas parecidas en su jurisdicción para reforzar las políticas de seguridad vial.