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Pedro Castro, nuevo ministro de Obras Públicas y Transporte ha anunciado, en declaraciones recogidas por el diario “La Nación”, una investigación interna para averiguar por qué el ministerio costarricense no estaba debidamente preparado para aplicar la nueva de ley sobre el tráfico, que lleva unos días en vigor.

Gobierno

El Ministro ha confirmado que hasta un día antes de la entrada en vigor de la norma la entidad marchaba con retraso en todo lo referido a compras y capacitación de modo que había delegado las gestiones en una auditoría, personalizada en Irma Gómez.

Las infraestructuras se vieron desbordadas

El responsable se ha quejado de que los planteles de detención de vehículos estuvieran el día anterior a la ejecución de la ley saturados, a pesar de que la entrada en vigor de ésta podía suponer una mayor cantidad de vehículos de comisados.

Del mismo modo, ha cuestionado el hecho de que la capacitación a los 900 agentes de tráfico encargados de velar por el cumplimiento de la ley haya tenido que concluir su formación tres semanas más tarde de que ésta se hiciera efectiva.

Material mal calibrado

Finalmente, el funcionario ha denunciado que cien alcoholímetros, valorados en ¢3 millones no estuvieran calibrados a tiempo para funcionar desde el primer momento de acurdo con las nuevas normas.

Toda la gestión  “Era una contratación directa muy fácil de hacer, que no debió haberse atrasado”, ha resumido Castro. Portavoces del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconocía que los alcoholímetros (detectan licor mediante el aliento) no estarían listos hasta casi una semana después de que ley estuviera vigente.

No hay ninguna justificación, porque esta no fue una ley sorpresiva: todos sabíamos que había sido aprobada, que había sido suscrita, que estaba en proceso de publicación. La publicación es mañana (hoy, para los lectores) y todo debió haber estado listo para que todos los mecanismos fueran aplicados de inmediato”, ha sentenciado el ministro Francisco Chacón.

 

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