El programa televisivo peruano “Cuarto Poder” ha destapado un auténtico escándalo. Legal, pero absolutamente incomprensible. Los habitantes de la Municipalidad del Callao se preguntan –o más bien, ya saben- a dónde se destina el dinero recaudado de sus multas.
En lugar de reinvertir la recaudación por las sanciones de tráfico en mejoras viarias o en campañas de concienciación, el dinero acaba, en gran parte, en manos de empresas privadas, según ha hecho público el programa aludido.
Más de la mitad del dinero, a la empresa privada
De este modo, el montante total de las sanciones alcanza casi ciento treinta y un millones de soles. Una apetitosa tarta de la que se llevan la mayor parte la brasileña Consorcio de Tránsito Ciuadano, con más de cincuenta y tres millones de soles; Datatools, colombiana, que se hace con casi once millones; y, la tercera de las entidades privadas, esta sí, peruana, Servicios industriales Labarthe S.A., con algo más de ocho millones de soles.
De este modo, las empresas que se encargan de regular y, llegado el caso, sancionar a quien no cumpla la norma, privadas, se llevan un total de setenta y dos millones de soles, en números redondos. Alrededor del cincuenta y cinco por ciento.
El resto del dinero se reparte entre los treinta y dos millones que se queda la Municipalidad del Callao, lo que viene siendo la cuarta parte y los veintiséis que se destina a la Policía Nacional del Perú.
Más multas menos útiles
De esta forma, se producen dos grandes inconvenientes: el primero y más evidente es que las empresas, como tal, se han creado para ganar dinero, de tal forma que el celo de sus empleados puede llegar a ser excesivo; el segundo, ya aludido, se relaciona con la inversión para atajar el problema. Y es que, cuanto menos ingrese el organismo público por este concepto, menos podrá invertir en campañas para prevenir accidentes y concienciar del cumplimiento de la norma.
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