Parece que al concejal de Tráfico de Alcalá de Guadaria (Sevilla) no le gusta practicar con el ejemplo.
El pasado domingo 7 de junio, día en que se celebraron las elecciones europeas y que además coincidía con la feria, Manual Torres, concejal de Tráfico de Alcalá de Guadaira fue “pillado” en un control de alcoholemia con casi el doble de la tasa de alcohol de la que se permite para conducir. En la primera comprobación tenía una tasa de alcohol de 0,51 y en la segunda de 0,47, siendo la máxima permitida de 0,25 miligramos por litro de aire expirado.
La portavoz del gobierno de la localidad, María José Borge, ha destacado que el concejal no había incurrido en “un delito contra la seguridad del tráfico” porque “no superaba la tasa de alcoholemia exigida para esa consideración”, que es de 0,60 miligramos por litro de aire expirado.
Aunque la infracción del concejal de tráfico, aunque no se pueda considerar delito, le ha supuesto una multa de 600 euros, la retirada de 4 puntos del carné y la posible retirada del permiso de conducir entre 3 y 6 meses, además de que los grupos políticos de la oposición pidan su dimisión y que deje el cargo que ocupa en el Ayuntamiento.
Sin duda un mal ejemplo de alguien del que se supone que debe velar por la seguridad vial de los ciudadanos.
Fuente: El País
El uso de las motos en las grandes ciudades no para de crecer, son la alternativa perfecta a la falta de aparcamiento y a la congestión del tráfico.
Sin embargo al menos la mitad de los motoristas, que son uno de los usuarios más débiles de la calzada, incumplen las normas de tráfico en una gran ciudad como Barcelona, al menos esto es lo que nos revela un estudio del Real Automovil Club de Cataluña (RACC)
A pesar de que los motoristas son más suceptibles de sufrir accidentes, en gran medida porque en muchas ocasiones son “invisibles” para los conductores del resto de vehículos, cometen multitud de imprudencias.
En el estudio que se ha desarrollado en Barcelona se establece que una de las infracciones más habituales es utilizar el carril bus cuando el tráfico es abundante y tampoco es extraño que los motoristas adelanten a los coches invadiendo el carril contrario para ello.
También según los datos del informe del RACC uno de cada tres motoristas no respeta los pasos de peatones y prácticamente la mitad de ellos deja la moto mal aparcada.
Otra actitud frecuente entre los motoristas es verlos por la acera, algo que pone en peligro la vida de los peatones, usuarios más débiles aún que los propios motoristas.
Fuente: Antena 3
Ayer se ha firmado un acuerdo por el cual los condenados por delitos de tráfico de la Comunidad Valenciana y de Murcia, que tengan menos de dos años de condena, podrán cumplir su pena realizando Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) en lugar de tener que entrar en prisión.
El acuerdo fue dirmado entre Mercedes Galllizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias, y Vicente Andrés, Presidente de la Fundación Blasco Ibáñez, en presencia de Ricardo Peralta, delegado del Gobierno en la Comunitad Valenciana y de representantes tanto de la Comunitad Valencian como de la Región de Murcia.
El objetivo de este acuerdo es que el condenado por infracciones de tráfico además de cumplir su pena también se conciencie de que tiene que reparar el daño causado, y así cultivar el principio de “Justicia reparadora” en favor de toda la comunidad.
Los Trabajos en Beneficios de la Comunidad a los que se enfrenten estos condenados estarán relacaionados preferentemente por actividades relacionadas con la seguridad vial, aunque también realizarán tareaas de conservación medioambiental y de cuidado de personas mayores y dependientes. La mayoría de los condenados son personas normalizadas que tienen trabajos y vidas familiares que pueden compatibilizar con estos Trabajos en Beneficio de la Comunidad, que no son retribuidos.
La Fundación Blasco Ibáñez será quien se encargue de gestionar el cumplimiento de las penas de Trabajos en Beneficios de la Comunidad en las diferentes áreas sociales de las dos Comunidades.
Mercedes Gallizo por su parte ha hecho un llamamiento a gobiernos autonómicos, ayuntamientos, agentes sociales y ONG para que se sumen a este “río” de colaboración que redundará, a su juicio, en la educación y la seguridad vial “de todos”, y ha querido dejar claro que “las penas se cumplen” y que “nadie” va a dejar de pagar por las infracciones cometidas, sean del grado que sean.
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