Los límites de velocidad son generalmente determinados por los gobiernos de los países pero, ¿en qué se basan dichos parámetros?

Las velocidades seguras de desplazamiento dependen tanto del tipo de infraestructura vial y del tipo de tráfico que exista en esa área. Los límites que fluctúan entre los 30 y 40 kilómetros por hora, son fijados en ubicaciones donde podría darse un conflicto entre automóviles, peatones y/o ciclistas. Entre los 50 y 60 kilómetros por hora se fija en intersecciones donde pueden presentarse accidentes laterales entre automóviles. Para carreteras donde pudiera darse un impacto frontal entre automóviles, que son por lo general de dos vías, el límite de velocidad es de 70 a 80 kilómetros por hora. Aquellas carreteras donde la posibilidad de impacto frontal o lateral es muy remoto, no suelen fijarse límites, o estos fluctúan entre los 100 y 120 kilómetros por hora, en tal caso solamente podría darse un impacto contra la infraestructura vial.

La velocidad y el descuido son las principales causas de los accidentes, es por ello que existen límites que deben respetarse, sin embargo, esto no se da en la práctica. La única forma de lograr que las leyes se cumplan y se respeten los límites de velocidad es mediante una educación integral y completa por parte de las escuelas de manejo, por parte de los gobiernos a través de campañas de seguridad vial, y la tarea de los padres es educar a los hijos con el ejemplo, evitar violar las leyes de tránsito.

América Latina aún tiene un gran camino por recorrer y muchos errores que subsanar, es una pena que la Comunidad Europea, que es de relativa «reciente creación», cuente con una página específica denominada «Seguridad Vial para la Comunidad Europea« (European Comission Road Safety en inglés), en la que existen infinidad de recursos, estadísticas, estudios y consejos con respecto a la Seguridad Vial, y en América Latina, hasta apenas 2004 pudieron realizarse estadísticas completas sobre diversos índices relativos al tema, y que en esa misma fecha la ONU haya instado a las naciones latinas a reformar sus leyes y procurar la seguridad vial.

Muchas escuelas de manejo, especialmente en América Latina, ofrecen cursos de 10 horas o menos, adaptándose a las necesidades de los clientes que cuentan con poco tiempo para aprender a conducir. En esas pocas, pretenden enseñar cuestiones tan importantes como elementos de seguridad vial, operación y revisión básica del vehículo, vías y caminos, en algunos otros casos manejo defensivo, primeros auxilios, mecánica básica, reglamentos de tránsito; es decir, cuestiones no tan básicas que tal vez requerirían mayor tiempo.

Desgraciadamente esto es un asunto de competencia entre empresas, y existiendo gran demanda por parte del público no hay mucho que se pueda hacer para lograr que estos cursos pudieran ser más completos. Realmente, en 10 horas de clase con o sin horas de práctica, no es posible aprender a conducir de una manera responsable, sobretodo cuando se compara esto con aquellos cursos que se imparte en países como Estados Unidos de Norteamérica o Alemania, donde la autoridad delega a las escuelas de manejo la «responsabilidad» de generar conductores responsables, es la autoridad también quien se encarga de evaluar, mediante un examen demasiado estricto pero apegado a los principios básicos de la seguridad vial. En tal caso, si el conductor aprendiz no pasa la prueba, tiene que estudiar nuevamente un curso de uno o dos años para nuevamente ser evaluado.

La seguridad vial no debería ser un curso express que se aprende en 10 horas, sino que debería ser un compromiso entre escuelas de manejo y autoridades, con el fin de salvaguardar la seguridad de todos. Pocas son las personas que conocen los reglamentos de tránsito de su ciudad, y si en el mejor de los casos si sus padres no les enseñan a manejar y toman un curso, no conocerán el reglamento a fondo. No resultará tan extraño entonces que los índices de mortalidad por accidentes de tráfico en America Latina, se hayan elevado tanto en los últimos 10 años, y tampoco resultará extraño que la ONU muestre especial interés en que la región, tome conciencia de la seguridad vial mediante diversas campañas y programas.

Los Tiempos de la Justicia

Nadie quiere transformarse en una víctima de accidente de tránsito siendo pasivo en la situación. Pero en el caso de sufrir daños de manos de un desprevenido u ofensivo conductor, lo ideal sería implorar que no se produzca en El Salvador. No es una cuestión de índole personal, sino que se remonta a algo fundamentalmente institucional. Es increíble que, a mediados del año 2011, el seguro contra terceros en accidentes de tránsito no sea de carácter obligatorio en ese país.

Lo cierto es que la medida ya fue aprobada en octubre de 1996, año en el que se aprobó la actual Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Lo concreto es que al día de hoy, quince años después, la misma sufrió una nueva postergación para entrar en vigencia, la décima de manera consecutiva. Estimativamente, se cree que la ley entrará en vigencia a partir del 30 de junio del próximo año; teniendo en cuenta que tanto las revisiones técnicas como el cambio de matrículas, concluirán en mayo de 2012.
Postura de las Aseguradoras

Por su parte, la A.S.E.S (Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguro) vió con buenos ojos la falta de ejecución confirmada la pasada semana, manifestando que aún no estaban dadas las condiciones para llevar adelante la concesión de las nuevas modificaciones.

Cabe destacar que a lo largo de toda América Latina, El Salvador, Haití y Honduras son los únicos países que no han experimentado este tipo de seguro. Igualmente, es importante aclarar que en todos los países de aplicación, los seguros se extienden a través de empresas de índole privada, salvo una fallida incursión del gobierno mexicano a principios de la década del 90.

La posible indemnización a víctimas por accidentes de tránsito es por el momento inexistente en El Salvador y es incuestionable la necesidad de implementar un sistema que beneficie a los damnificados.

La DirecciónProvincial de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Argentina, pudo constatar en un relevamiento realizado que sólo una de cada veinte infracciones de tránsito en rutas son cometidas por mujeres, sin embargo, cuando hablamos de varones los números cambian: siete de cada veinte varones cometen infracciones de tránsito.

            Es decir, que el 96% de las infracciones de transito en rutas son provocadas por los hombres, mientras que sólo el 4% corresponde a mujeres.   

         Una explicación a esto, podemos encontrarla en el hecho de que, la mujer que conduce un automóvil, prioriza su vida y la de los suyos; a diferencia de los hombres, que no lo hacen. Por otro lado, la mayoría de las faltas cometidas por mujeres suelen estar más relacionadas con cuestiones administrativas.

            Generalmente, las mujeres circulan sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria y sin poseer la documentación que lo confirme; no observan las reglas previstas para el uso de luces; conducen sin los comprobantes de su seguro vigente a la fecha, entre otras.

            Por su parte, los hombres también circulan sin haber realizado la revisión técnica vehicular periódica obligatoria y sin la documentación que lo compruebe; conducen sin comprobantes de su seguro vigente a la fecha; tienen la cédula de identificación del vehículo vencida sin ser los propietarios; etc.

         Según este relevamiento, el conductor argentino suele ser muy rebelde en cuanto a cumplimiento de normas de tránsito. Sin embargo, tiene un amplio conocimiento de las mismas.

            Para ejemplificar, durante abril de 2011 los automovilistas porteños pasaron 43 millones de veces un semáforo con la luz en rojo y sólo fueron levantadas, por los agentes, 8.000 actas por esa infracción.

            Dos ejes importantes en la prevención de accidentes, son la toma de conciencia por parte de los conductores del significado de educación vial y la aplicación de medidas de control más eficaces.